La policía de San Bruno, en California, detuvo recientemente un robotaxi de Waymo por hacer un giro prohibido en un semáforo. Sin embargo, no pudo multarlo ni imponer ninguna sanción porque la ley californiana aún no contempla multas para vehículos sin conductor.
Este hecho revela un vacío legal que, aunque parezca menor —un simple giro ilegal—, plantea una pregunta mucho más grave: ¿quién se hace responsable si un coche autónomo provoca un accidente mortal?
California ha autorizado la circulación de vehículos autónomos desde hace años, pero su código de circulación no se ha adaptado a este avance tecnológico. Para imponer una multa, es necesario identificar a un conductor responsable. Pero si no hay conductor, no se puede sancionar a nadie.
Aunque los agentes contactaron con Alphabet, empresa matriz de Waymo, no pudieron emitir ninguna citación. Según la policía, "nuestros formularios de multa no tienen una casilla para ‘robot’", reconocieron en su perfil de Facebook. No obstante, informaron que están preparando una legislación que permitirá emitir avisos directamente a la empresa, y se espera que entre en vigor en julio de 2026.
Más allá de lo técnico, el problema es político y legal. Las empresas tecnológicas han puesto en marcha sus flotas de robotaxis más rápido de lo que los legisladores han actualizado las leyes. Esto no solo genera situaciones absurdas como esta, sino que también deja a los ciudadanos desprotegidos en casos de accidentes graves.
La gran incógnita es qué pasaría si un Waymo atropella mortalmente a una persona. ¿Quién respondería legalmente? ¿El algoritmo? ¿El ingeniero que lo programó? ¿El director ejecutivo de la empresa? Por ahora no hay una respuesta clara.
Es importante distinguir entre la responsabilidad penal —quién podría ir a prisión— y la civil. En caso de un atropello fatal, la familia de la víctima sí podría presentar una demanda cuya responsabilidad recaería en la empresa Waymo, como responsable última del vehículo. En ese juicio no se buscaría una condena penal, sino una indemnización económica por daños, basada en conceptos legales como la responsabilidad por producto defectuoso o negligencia empresarial.
El verdadero desafío no es si alguien pagará por el daño, sino cómo adaptar un código penal diseñado para humanos a decisiones autónomas tomadas por máquinas.
Este vacío legal no afecta solo a California. A medida que los vehículos autónomos se extienden en todo el mundo, los sistemas jurídicos de muchos países tendrán que enfrentarse a este mismo dilema: cómo sancionar a máquinas que no pueden declarar, ni ser encarceladas, y que técnicamente carecen de voluntad propia.
